El Gobierno de Canarias ha dado un paso importante en la defensa de la competencia con el reciente nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Canario de Defensa de la Competencia, un órgano clave para garantizar la libre competencia y evitar prácticas empresariales que puedan perjudicar a consumidores y empresas en el archipiélago,y que por desgracia los canarios sufrimos en reiteradas ocasiones. Pero veamos que funciones y estructura institucional tendremos en Canarias, y con ello analizar cómo funcionan estos organismos en otras comunidades autónomas y qué modelos existen en España.

Renovación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia

El Consejo Canario de Defensa de la Competencia es el órgano encargado de resolver los expedientes sancionadores relacionados con conductas de monopolio, pactos en políticas de precios, competencia desleal o cualquier otra índole que afecte a los consumidores en el ámbito autonómico. El Gobierno de Canarias ha aprobado el nombramiento de sus nuevos miembros, que ejercerán durante los próximos seis años. El consejo está presidido por María del Carmen Rodríguez López, acompañada por los vocales Juan Ignacio González Hernández, María del Carmen Naranjo y José Andrés Hernández, así como por la secretaria general, María del Carmen Martín Hernández. La composición busca garantizar la independencia, la especialización y la transparencia en la toma de decisiones sobre competencia en Canarias.

Este órgano tiene la misión de proteger el mercado canario de prácticas como la fijación de precios, el reparto de mercados o el abuso de posición dominante, aplicando la normativa estatal y autonómica de defensa de la competencia. Además, el consejo actúa como garante de la igualdad de oportunidades para las empresas y de la protección de los consumidores, velando por un entorno competitivo y justo. Tienen que ejercer las competencias del Estado que están transferidas a las CCAA.

Funcionamiento de los tribunales de competencia en otras comunidades autónomas

El modelo canario se enmarca en un contexto nacional donde la defensa de la competencia es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, existen diferencias notables en la organización y funcionamiento de estos órganos autonómicos.

• En comunidades como Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Andalucía, existen autoridades de competencia con órganos de instrucción y resolución propios. Estos organismos pueden investigar y resolver expedientes de competencia en su territorio, dotando de mayor agilidad y cercanía la aplicación de la ley
• Por contra en otras comunidades, como Canarias, Madrid, Murcia y Navarra, solo existe un órgano de instrucción autonómico, pero la resolución final de los expedientes recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo estatal. Esto implica que, aunque la investigación se realice a nivel autonómico, la última palabra la tiene el Estado, con lo que ello implica en cuánto a resolución y tiempos.
• Finalmente, hay comunidades donde no existe ninguna autoridad autonómica de competencia, como Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Cantabria. En estos casos, toda la labor recae direnctamente en la CNMC.

Ejemplos de modelos autonómicos

• Galicia: Cuenta con el Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia y el Servicio Gallego de Defensa de la Competencia, que instruyen y resuelven expedientes de forma autónoma, aunque coordinados con el Estado. El tribunal es independiente y sus miembros son nombrados por el gobierno autonómico por un periodo determinado.
• Aragón: El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón está compuesto por un presidente y cuatro vocales, todos nombrados por el gobierno autonómico. Funciona con independencia, aunque adscrito al departamento de Economía, y su mandato es de cinco años renovables una sola vez.
• Castilla y León: Tiene un tribunal propio, con autonomía jerárquica e independencia, encargado de resolver los expedientes instruidos por la secretaría general de la consejería de Economía.

Coordinación y retos

La coordinación entre los órganos autonómicos y la CNMC es esencial para evitar solapamientos y garantizar una aplicación uniforme de la normativa en todo el territorio nacional. El Consejo de Defensa de la Competencia, que reúne a la CNMC y a las autoridades autonómicas, es el foro donde se discuten criterios y se asignan casos, permitiendo una mayor eficacia y especialización.

Sin embargo, la efectividad de estos órganos autonómicos depende en gran medida del compromiso político, los recursos asignados y la independencia real de sus miembros. En la práctica, la actividad y el rendimiento de estas autoridades varían notablemente entre comunidades, siendo más activa en aquellas donde existe una voluntad clara de proteger la competencia. Y en esto es donde debemos exigir al nuevo consejo que atienda a las denuncias que se presenten y sea capaz de investigar libremente las políticas comerciales que se están dando en nuestras islas.

Fuente: Canarias7